Por Kelly Gianina Rojas Ruiz
De 228 procesos de concesión realizados en el Perú, el 95% no tiene cuestionamiento alguno, es decir, dichas concesiones, otorgaron múltiples beneficios a todos los peruanos, en especial a los sectores más necesitados. A través de dichas concesiones, se ha generado ingresos al estado por más de 9 mil millones.Las estadísticas demuestran claramente que quienes se perjudican con la concesión del agua son precisamente aquellos segmentos a los que funcionarios peruanos, personajes que defienden corrientes irracionales de pensamiento y otras personalidades polémicas, colocan como escudo para no llevar a cabo el proceso de concesión, aludiendo que el agua es un derecho y no una mercancía.De acuerdo a numerosos estudios llevados a cabo: Meggison Et Al en 1994, Barberis Et Al en 1996, Frydman Et Al en 1999, La Porta y López de Silanes en 1999; el resultado obtenido en la investigación es la eficiencia que trae consigo la concesión del sistema de agua. Otros fidedignos estudios demuestran que la concesión de los servicios de saneamiento y agua, trae consigo el mejoramiento en la calidad del servicio, expansión en la cobertura, por tal, incremento en el acceso al agua; además, refuerzos en cuanto al entorno epidemiológico, es decir, la salud en la población se fortalece.Un estudio del Banco Mundial señala que la expansión de la cobertura durante el período de concesiones se concentró en los segmentos con menos recursos económicos, por tal, se hace viable el proceso de concesión como un mecanismo para permitir el acceso al agua a la mayor parte de la población, en especial a los sectores que más lo necesitan y a reducir mortalidad infantil.Si el estado se encarga de la ampliación y rehabilitación de las redes de agua y desagüe y el tratamiento de agua servida a nivel nacional, la inversión superaría los 5,600 millones de dólares, cifra que el estado no podría pagar.Además, debemos tener en cuenta que el agua que se vende en cisternas, precisamente es comprada en los sectores de bajos recursos, a la vez, por ser almacenada sufre un proceso rápido de contaminación y produce enfermedades que atacan principalmente a los niños. Un caso para analizar es el de Argentina como lo demuestra un estudio realizado en el año 2000, por la Universidad de Standford y que menciona Guillermo Castañeda en su libro Fuera las Caretas, al privatizar el 30% de los servicios de agua y desagüe, la mortalidad infantil cayó entre 5% y 7%; Considerando que el PBI per cápita de Argentina en dicho año fue de US$ 7 778, Castañeda Mungi hace una comparación, si el PBI del Perú es casi 4 veces menor que el de Argentina y si con la privatización del sistema de agua en ese país, se salvaron de morir -por enfermedades causadas por falta de agua - 375 niños, cuántos niños se salvarán si concesionamos el Sistema de Saneamiento y Agua Potable. Es probable que salvemos alrededor de 10 mil niños en los próximos 20 años. Y en este caso, lo que se propone es concesionar a diferencia de Argentina que privatizó, que no es lo mismo. Privatizar es vender en su totalidad el servicio de saneamiento y agua. Así, el propietario tiene toda la potestad de tomar todas las decisiones sin intervención del estado; la concesión es buscar un operador eficiente, que cumpla con las condiciones óptimas para poder brindar los servicios de saneamiento, fiscalizado por municipios y la Superintendencia de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Si el operador incumple con los compromisos pactados, debe responder – dependiendo del caso- con su patrimonio conforme al contrato de concesión.Otra ventaja es que una empresa privada puede hacerle frente a la corrupción imperante en la mayoría de organismos del estado, con ello las personas que se contraten se esforzarán y brindaran un buen servicio, cumplirán a cabalidad su labor.Por todo lo mencionado, es factible la concesión, para que las EPS puedan funcionar de manera transparente, sin corrupción y las familias más pobres puedan acceder al agua y por tal, a una vida saludable.
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